La Organización de Estados Americanos (OEA) debe decidir si suspende o no a Nicaragua, tras las elecciones del domingo pasado, donde Daniel Ortega fue reelecto por quinta vez -la cuarta consecutiva-, en unas elecciones que, según los críticos, fueron amañadas por el exguerrillero al encarcelar a siete de sus rivales políticos.
El proyecto de resolución -que fue impulsado por Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda- le pide al Consejo Permanente del organismo que haga «una evaluación colectiva inmediata, a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas».
El representante de Nicaragua, Michael Campbell, manifestó que su país «merece respeto, no sanciones ni amenazas, ni bloqueos ni actitudes belicosas».
«Las elecciones presidenciales se desarrollaron en medio de intervenciones económicas, mediáticas, organizativas, además, frente a crueles amenazas y acciones desestabilizadoras», agregó.
Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvo que «La Carta Democrática Interamericana describe las consecuencias para los gobiernos de la región que no respeten los derechos humanos y tenemos que respetarla».
En virtud del artículo 21 de esta Carta se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no dio resultado para resolver el problema.
El proyecto de resolución que la OEA puede adoptar por mayoría simple de 18 votos en una asamblea general no implica abiertamente que se ejecute ese artículo, pero podría desembocar en su activación «en función de las conclusiones de la evaluación colectiva».
«Las acciones del gobierno de Ortega, que ilegalizó tres partidos y detuvo a decenas de políticos y activistas, contravienen el libre ejercicio democrático y el pluralismo político», coincidieron los representantes de los ocho países impulsores del proyecto de resolución.
Por último, México, Bolivia, Argentina, entre otros, rechazaron la intervención de la OEA «en los asuntos internos de los países»
«Todo Estado tiene el derecho a elegir sin injerencia externa su sistema político, económico y social (…) y el deber de no intervenir en los asuntos de otros Estados», afirmaron, dejando así la interna abierta en la OEA, que tiene 34 países miembros.
